Nuestra Misión y Visión
a tarea central de la Fundación DESC es promover acciones, proyectos y programas que articulen a través de instituciones y agentes políticos, partidarios y no partidarios, los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales como forma de sustentar una gobernabilidad democrática para la cohesión social, ahora seriamente erosionada. Para tales efectos, la Fundación DESC promueve estudios, investigaciones y propuestas como bases de reflexión, diálogos y debates entre la sociedad, los partidos y el Estado. A la vez realiza cursos, seminarios y programas de formación a varios niveles con actores sociales, políticos y empresariales, fomentando un espíritu abierto, crítico y propositivo, motivando especialmente la participación de jóvenes, mujeres y líderes indígenas.
La Fundación DESC entiende que estos grandes propósitos se pueden promover en cada país y regionalmente mediante conocimiento, reflexión, formación, divulgación e incidencia, acciones y proyectos que son la base de su programa de trabajo. A la vez, cree indispensable el rescate de la política y la renovación de los partidos como condiciones para la promoción eficaz del ejercicio democrático. Aprecia como un singular propósito que los partidos incorporen actores y propuestas de la ancha veta de la sociedad, así como generar, de manera creciente, acciones transnacionales de integración y solidaridad.
La Fundación DESC promueve estudios, investigaciones y propuestas como bases de reflexión, diálogos y debates entre la sociedad, los partidos y el Estado.
s misión de la Fundación DESC, desde el punto de vista de los derechos humanos, promover la seguridad humana, comprendiendo ésta como la realización efectiva del derecho humano a la libre determinación establecida en el artículo primero común a los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual “todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen así mismo a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales... En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia... Los Estados... promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación.”
Promover la seguridad humana como un valor supremo del orden constitucional del Estado Democrático de Derecho, será otra misión de la Fundación, entendiendo que la seguridad se genera por medio de políticas públicas de desarrollo, y no fundamentalmente a través de políticas de defensa nacional. Por tanto, producir seguridad humana es crear condiciones y calidades de vida institucional, económica, social y personal, lo cual comprende acciones positivas.
Por todo lo anterior, la Fundación DESC asume como misión promover acciones encaminadas a que países como Guatemala se acerquen a un real equilibrio democrático, bajo principios de pacifismo, apertura y modernidad, integrados a la pluralidad de naciones que en el mundo levantan las más caras aspiraciones de libertad y dignidad humanas. Somos conscientes de los riesgos y oportunidades de nuestro país, y por eso como Fundación DESC aspiramos a asumir responsablemente nuestros compromisos y derechos.
urante los últimos 40 años en América Latina se ha registrado un avance sin precedentes en la promoción y defensa de los derechos civiles y políticos, que ha estado en la base de la apertura y maduración de los procesos democráticos. Los derechos civiles y políticos, también conocidos como derechos individuales, están siendo asumidos de forma creciente por la función pública. Aunque en algunos casos con reticencias y lentamente, los Estados destinan importantes recursos para crear instituciones e impulsar políticas que los garanticen. Por ejemplo, registros y tribunales electorales modernos y fiables; oficinas de Procuradores de los Derechos Humanos o Defensores del Pueblo independientes y críticos; fuerzas de seguridad reconvertidas hacia la protección ciudadana y bajo estándares garantistas, antes que a la represión; fiscalías y tribunales ad hoc, entre otros.
Sin embargo, los derechos económicos, sociales y culturales, también llamados derechos colectivos, tienden a individualizarse o privatizarse. Los Estados, en general, han sido debilitados en su papel promotor de un desarrollo económico sustentable con alta movilidad ciudadana y una inserción ventajosa en la globalización. Asimismo, se ha restringido su rol garante de regulaciones efectivas de servicios y tarifas, coberturas de redes sociales, eficacia y cumplimiento de normas de calidad de bienes de consumo, y de políticas laborales, fiscales y ambientales congruentes con la cohesión social.
os resultados de esta tendencia han sido dramáticamente expuestos en los informes de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que reflejan la persistencia del deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos. Los indicadores de pobreza no han disminuido, y en algunos casos hasta han empeorado. El ingreso medio de la población se ha visto erosionado. La calidad del empleo y su protección se han debilitado. El déficit de vivienda aumenta día a día. Enfermedades que se creían erradicadas han reaparecido dolorosamente, mientras los costos de los servicios de salud se incrementan. Es visible en varios países, como Guatemala, cuadros agudos de desnutrición, mortalidad y hambre.
Como consecuencia, los problemas sociales se han vuelto críticos. Han aumentado las cifras de niños y jóvenes en la calle, expuestos a la delincuencia, las drogas y la prostitución. Se incrementan los flujos urbanos generando gigantes cinturones de miseria carentes de servicios básicos. Los problemas de criminalidad se desbordan, afectando a todos los ciudadanos, ricos y pobres. Y los flujos migratorios transnacionales son crecientes válvulas de escape.
El relanzamiento de los procesos democráticos y la generación de condiciones de gobernabilidad están íntimamente vinculados a procurar un equilibrio entre los poderes económico e ideológico y el político. La política que proponemos para la cohesión social en nuestros países es la confluencia de las así llamadas “generaciones” de los derechos humanos. Tratamos de canalizar el vigor de los derechos civiles y políticos para recuperar la política y sus herramientas de mediación, los partidos políticos, a fin de que éstos, a su vez, desde las instituciones del Estado, promuevan la obligatoriedad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, tanto a nivel nacional como internacional, así como hoy día ya sucede con los derechos de “primera generación”.