El partido Movimiento Semilla requería no menos de 600 cuadros que reunieran estos requisitos: capacidad política y de gerencia, identidad política y probidad. No los tienen y por eso conviven con la burocracia gris de las administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Esa convivencia despierta incertidumbre. La burocracia gris heredada lanza mensajes a proveedores y contratistas de que los negocios corruptos siguen por inercia, mientras los altos mandos del Ejecutivo van en otra dirección.
Bernardo Arévalo, Karin Herrera y Santiago Palomo -encargado de la oficina anticorrupción y transparencia- van fijando los límites del juego, y los han trazado muy rigurosamente. La ahora exministra de Ambiente, María José Iturbide, ya fue informada. El problema es que están ocurriendo movimientos encaminados hacia la gran corrupción de los últimos gobiernos, y los mandos del Ejecutivo se encuentran rebasados. Para ajuste de cuentas, los cuadros que reúnen los requisitos ya citados y que, además, tienen experiencia en la gestión pública, son escasísimos.
Superar estos escollos lleva tiempo. Ningún régimen rupturista las hace de primas a primeras. Siempre hay ensayo y error. El caso del gobierno de Arévalo es que está sometido a un doble ataque que va configurando un cuadro de desestabilización encaminado hacia la ingobernabilidad.
El primer frente es el de los demandantes y operadores de la corrupción, que emplean las dos tácticas: la pasiva-agresiva y el bloqueo abierto. Son sus señales para que les abran la trastienda de los negocios. Los agentes están en la burocracia gris del Ejecutivo, el Congreso y los circuitos de los grandes contratistas. No van a matar a la gallina de los huevos de oro, pero si no les dan ganancia comenzarán a sumarse al ataque.
El segundo frente es el de la oposición profunda, aquella que más intereses arraigados tiene en el régimen de privilegios, acostumbrada al ejercicio del monopolio del poder. Es el mismo Pacto de Corruptos -tantas veces descrito- que mutó a Pacto Golpista a partir del 26 de junio del año pasado. El sustrato ideológico y de odio lo exuda a diario por todos los poros los ejércitos de net centers que estos grupos radicales financian sin reparar gastos.
Han puesto en marcha un plan de desestabilización que va dejando huellas. Por ahora dos: clima artificial de inseguridad ciudadana muy bien escenificada en el boulevard de Vista Hermosa y Cayalá y en la avenida Reforma, entre otros, e incendios deliberados, empezando por el volcán de Agua y continuando con la contaminación del aire que obligó a la suspensión de las labores escolares esta semana. Cuentan con expertos en el oficio de la conspiración. Contratan redes de espionaje que superan e infiltran los servicios de inteligencia oficiales. Capturaron los perfiles de los principales funcionarios del gobierno, y llegaron a dos conclusiones: las divisiones del oficialismo llevará a la autodestrucción, pero -la segunda- van a atacar para acelerar la caída.
Frente a este cuadro, ¿con qué herramientas cuenta el gobierno de Arévalo? Puede construir alianzas estratégicas con autoridades ancestrales y empresarios modernizantes, pero lleva tiempo. Son edificaciones complejas. Puede poner en marcha programas masivos de apoyo social. Hay ciertos recursos, pero el aparato, como comenté, está todavía atrapado en las viejas redes que combinan ineptitud con corrupción. Pueden diseñar una estrategia de comunicación política eficaz.
El único golpe de autoridad que tiene a la mano, por ahora, el presidente Arévalo es destituir a la fiscal general ejerciendo el mandato que le otorga la Constitución, que debe ser refrendado por una CC díscola. La corrida de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche -que ejercen la función de voceros de la oposición política- le otorgaría un tanque de oxígeno al gobierno, suficiente para organizarse. De lo contrario tendrá que pasar a modo “resistencia” ante las ofensivas irrefrenables de sus poderosos opositores.
